Quienes patrocinen a inmigrantes tendrán que reembolsar al gobierno si estos usan fondos públicos

24/05/2019   |   0 Comentarios

El presidente Donald Trump ordenó el jueves “medidas” para proteger la red de seguridad social y promover la “autosuficiencia” para los no ciudadanos. Esto con el fin, dijo, de “proteger los beneficios de los estadounidenses”.

El memorando establece que las agencias del gobierno aplicarán completamente las restricciones establecidas por la ley actual sobre el uso de programas de asistencia social en base a los ingresos por parte de no ciudadanos.

La orden detalla que, según la ley actual, quienes patrocinan a personas que no son ciudadanos “deben asumir la responsabilidad financiera de los beneficios de asistencia social basado en los ingresos que reciben”.

Trump pidió a las agencias que regulan beneficios de asistencia, entre ellos el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), que elaboren y emitan recomendaciones y orientaciones “para garantizar que los pagos de bienestar basados en los ingresos se recuperen del patrocinador”.

Las distintas agencias involucradas “se asegurarán de que los patrocinadores sean informados de sus obligaciones financieras conforme la ley”, se lee en el memorando.

El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Medicaid y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) “requieren procedimientos y orientación actualizados para garantizar que se cumplan los requisitos de la ley vigente”, señala la orden.

Los detalles de la orden

En los casos donde el patrocinador no pague los reembolsos exigidos legalmente, “se remitirán a los procedimientos de cobro de acuerdo con la ley”, agrega el memorando presidencial.

El documento precisa que la ley vigente, firmada en 1996 por el entonces presidente, Bill Clinton, “dejó en claro que los extranjeros no deben depender de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”.

“El presidente Clinton firmó una ley para exigir que se solicite al patrocinador de un no ciudadano que reembolse cualquier beneficio de bienestar basado en los ingresos que reciba el no ciudadano”, añade.

“El patrocinador, sea un residente legal permanente o un ciudadano, que respalda una solicitud de residencia de un extranjero, es responsable durante 10 años o hasta que el extranjero se convierta en ciudadano de los gastos que este incurra por uso de ciertos beneficios públicos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California.

El memorando, citando la ley vigente, indica que, “tras la notificación de que un extranjero patrocinado ha recibido algún beneficio público por medios comprobados, el gobierno o la entidad no gubernamental que proporcionó dicho beneficio solicitará el reembolso al patrocinador por un monto igual al costo no reembolsado de dicho beneficio”.

Plazo para nuevas reglas

El memorando establece un plazo de 90 días para que los secretarios de Agricultura y Salud y Recursos Humanos emitan orientaciones, procedimientos e implementación de un programa de cobro de deudas a patrocinadores.

Dichos esfuerzos de cumplimiento incluirán:

· Establecer o actualizar, según corresponda, los procedimientos y orientaciones sobre las obligaciones de reembolso de los patrocinadores; y
· Proporcionar dichos procedimientos y orientación a todas las entidades involucradas en las acciones de aplicación de la ley, incluidos los funcionarios federales y estatales responsables de administrar cualquier programa de beneficio público.

El memorando advierte que los nuevos protocolos incluirán a todos los patrocinadores actuales y aquellos que buscan convertirse en patrocinadores que han firmado o planean firmar una declaración jurada de apoyo a un no ciudadano, quienes serán responsables de reembolsar el costo de los beneficios públicos pagados a un extranjero patrocinado.

Ley demócrata

Trump señala en el memorando que la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 fue apoyada por el senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont) y la senadora Patty Murray (demócrata por Washington). Y que el entonces presidente Clinton “también firmó una ley que exige que se consideren los recursos financieros del patrocinador al determinar si un no ciudadano es elegible para el bienestar basado en los ingresos”.

Denominada Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996 también fue respaldada por los demócratas, advierte el memorando.

“No es que no se cobraran estas deudas, no existía un protocolo claro para identificar a los patrocinadores y determinar los montos de las deudas a cobrar”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, que colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

El documento publicado por la Casa Blanca señala que “actualmente las agencias no están haciendo cumplir adecuadamente los requisitos. Algunas de ellas tienen procedimientos y orientación insuficientes para implementar los reembolsos y requisitos de las leyes de inmigración. Por ejemplo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos no ha emitido una guía adecuada para el reembolso del patrocinador o para el patrocinador del programa de Medicaid. Incluso, en los casos en que exista cierta orientación, como los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario, TANF y SNAP, una mayor supervisión y actualizaciones de los esfuerzos actuales de recopilación de datos asegurarán un cumplimiento más efectivo”.

Abusos al sistema

Trump señala en la orden que ha habido un abuso desenfrenado de la asistencia social por parte de no ciudadanos que “está forzando la red de seguridad social y poniendo en peligro los beneficios que necesitan los ciudadanos estadounidenses más vulnerables”.

Señala además que “un gran número de no ciudadanos y sus familias aprovechan nuestros programas de bienestar” y describe que el 78% de los hogares encabezados por un no ciudadano con no más de educación secundaria, utiliza al menos un programa de asistencia social”.

Y agrega:

– El 58% de todos los hogares encabezados por un no ciudadano utiliza al menos un programa de asistencia social.
– El 50% de todos los hogares no encabezados por ciudadanos incluyen al menos una persona que recibe seguro médico a través de Medicaid.

 

 

Fuente: Unisivion